Hay que actuar ya contra esta grave situación laboral con medidas reales, así que es necesario hacer uso de todos los métodos a nuestro alcance para ello.

Nuestra generación de jóvenes corre el riesgo de la exclusión social (más de 400.000 jóvenes ni estudian ni trabajan), y ellos son el presente y futuro del progreso social.
Las mujeres están predestinadas a la discriminación laboral.
Actualmente hay un total de 2.300,300 jóvenes, de entre 16 y 35 años, desempleados. Esto supone un gran y grave ascenso en comparación al año anterior.
Si la mitad entrara en el mercado de trabajo en condiciones dignas, aumentarían los ingresos a la Seguridad Social, a la Hacienda Pública; aumentaría el consumo y, lo que es aún más importante, el desarrollo personal y profesional y la autoestima; el déficit se reduciría considerablemente y, por tanto, tendríamos más medios económicos para invertir en el Estado de bienestar.
No es positivo para la actividad productiva del país ni para su progreso que jóvenes y mujeres estén encadenados al desempleo. Actuar para corregir estas anomalías del mercado laboral no es un privilegio a favor de nadie, es avanzar en el desarrollo del país.
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